La responsabilidad es el límite de la libertad de expresión

Remberto Cárdenas Morales,Tarija, 30 de enero de 2010

En Bolivia, según la nueva Constitución Política del Estado (CPE), no hay “censura previa”, es decir, a ningún periodista o editor se le dirá que deje de publicar una noticia debido a que, presunta o realmemnte, contiene una mentira. Sin embargo, aquella norma suprema de manera expresa agrega que la información debe ser veraz y que la opinión debe ser responsable.
Más todavía: la nueva CPE establece, para todos los bolivianos, los derechos individuales y colectivos a informar, comunicar, opinar, interpretar o analizar. De la vieja Ley Fundamental, en la nueva, se mantiene el derecho a la “libre expresión” y el de difundir ideas con libertad y por cualquier medio. No debe perderse de vista que estos dos últimos derechos, como los otros, tienen alcance universal, no se han establecido para que sólo los periodistas los ejerzan.
Empero, la libertad de expresión y la libertad de prensa tienen a la responsabilidad como límite. En el mundo, en los casi doscientos países afiliados a la ONU, no hay derechos ilimitados. Y esto se lo grafica con la afirmación siguiente: Donde termina mi derecho empieza el de los otros. Asimismo, el mexicano Benito Juárez dice que el respeto del derecho ajeno es la paz. Esto se reconoce como uno de los principios del derecho internacional que rige la relación entre Estados; sin embargo, también nos ayuda a entender el límite de los derechos de los particulares y de las instituciones.
La semana que concluye, otra vez, los dueños de los medios de difusión, organizaciones profesionales y sindicales de los periodistas, especialmente y en distintos tonos, se han pronunciado, con palabras más o menos, en defensa de la libertad de expresión y de prensa, luego de que el Presidente del Estado Plurinacional dijo que se normará la actividad de los medios de difusión para que éstos no mientan; incluso recordó que uno de los principios de la nueva CPE nos convoca a no mentir.
Aunque hay diferencias secundarias entre lo que piensan y quieren los dueños de los medios de difusión respecto de la libertad de expresión y de prensa, la coincidencia esencial entre ellos es que el gobierno actual busca limitar aquellos derechos. Los voceros de las organizaciones profesionales y sindicales de los trabajadores de los medios de difusión, con ligeras diferencias, apuntaron casi a lo mismo. Unos y otros aseguraron que la regulación externa de los medios, que apruebe la Asamblea Legislativa Plurinacional, será para cercenar esos derechos.
No obstante, resulta más sensato que los periodistas, casi sin distingos, hayan recordado que la autorregulación de la actividad de los medios y, particularmente, la de ese grupo de trabajadores es imprescindible la que, supuestamente, pondrá fronteras y hasta podrá “frenar” los “excesos” del actual gobierno respecto de los medios y de los que laboran en ellos.
Sin embargo, añadimos que la autorregulación, así sea la más completa que se consiga, será insuficiente si se carece de una ley de medios de difusión en Bolivia, la que es urgente, incluso, para reglamentar los cuatro derechos de la nueva CPE anotados.
Tiene que admitirse que una norma sobre medios de difusión en nuestro país es urgente, como es necesaria su complementación por la vía de la autorregulación. Quizá un ejemplo grafique mejor esto último: la cláusula de conciencia (incorporada a la nueva CPE), como el derecho al retiro de un trabajador si su medio cambia de línea informativa —y que no la comparte—, queda autorizado a retirarse de su fuente laboral y recibir sus beneficios sociales que le correspondan. Esa norma manda que los propietarios de los medios respeten el pensamiento y la acción de sus dependientes. La autorregulación, específicamente los códigos de ética, disponen que ante una denuncia, los periodistas, recojan la información y/o la opinión del denunciado, versiones que deben publicarse, juntas, como una aproximación a la verdad. La Ley de Imprenta, cuyos principios defendemos los periodistas, determina que la persona que se sienta afectada por una noticia pedirá una rectificación a los responsables de la publicación por la que deben pagar “la mitad de la tarifa”. Antes del actual gobierno y de la nueva CPE, entre la normas del Estado boliviano y la autorregulación de los periodistas, operaba ya una suerte de complementación muy útil. Creemos que ese es el cauce por el que se debe transitar.
Nosotros confiamos que una ley de medios reglamente los cuatro derechos individuales y colectivos señalados, la que ayudará al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, con la responsabilidad como único límite. En esa dirección, vale la pena conocer una norma chilena que dice: “Art. 19. La Constitución asegura a todas las personas:
—La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que debe ser de quórum calificado”.
Este artículo de la Constitución chilena es un ejemplo, entre otros, de que una noticia se publica sin que sea censurada antes, pero que si una autoridad competente evidencia que en esa publicación se incurre en una falta o delito, lo que será una irresponsabilidad, se debe instaurar un proceso (incluida la investigación) para sancionar al encontrado culpable de la falta y/o delito.
Cabe recordar antecedentes de aquellas leyes. El Papa Juan XXIII fue el que propuso (1963) el derecho a la información y postuló que ésta sea veraz. Además, sugirió la necesidad de la lucha ideológica cuando dijo que del choque de ideas debía surgir una nueva luz. Otro Papa, Pablo VI (1979), en una carta a los comunicadores, planteó que la información sea verdadera y que la opinión sea responsable. Incluso el actual Obispo de Roma, apoyado en otras propuestas, se animó a pedir que la información sea ética.
Todos, creyentes o no, debemos tomar en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969), ahora ley de Bolivia la que, con claridad y precisión, dice que el límite de la libre expresión es la responsabilidad. Citamos: El derecho de opinión y de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley”. (Punto 2, artículo 13).
Los funcionarios del actual gobierno tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes del país. Por ello, cuando menos, deben difundir aquella ley boliviana a propósito de los límites de la libertad de expresión. La Ley de Imprenta de 1925, en forma implícita y la nueva CPE, aunque sin la claridad que esperábamos, también contienen normas que regulan aquellos derechos. La primera señala qué es lo que no se debe hacer: por ejemplo, no se debe calumniar en una información y/o una opinión. La segunda —reiteramos— dispone que la información debe ser verdadera y la opinión tiene que ser responsable, con una redacción defectuosa, pero existente (párrafo II del artículo 107 de la nueva CPE).
Medios de difusión, como El Nacional de Tarija (29-I-10), en su editorial sostiene que se eviten nuevas restricciones a la libertad de expresión, al parecer, sin considerar lo determinado por la Convención señalada.
Los que reclaman libertad de expresión sin límites (irrestricta), en Bolivia, pretenden un privilegio que les permita producir los mensajes que leemos en la mayoría de los medios de difusión, incluso hacer más que eso.
Nosotros sostenemos que esa mayoría de medios de difusión censuran, se autocensuran, dicen medias verdades, manipulan, matan a la verdad o lo intentan, todos los días. Ese comportamiento se agigantará en la medida en que avancen, se consoliden y se profundicen los cambios actuales. Esos medios cumplen una misión para la que se organizaron, al fin de cuentas son “aparatos ideológicos”, naturaleza que prevalecerá. Por tanto, es una ingenuidad —para decir lo menos— que haya quienes esperen que aquéllos cambien y que, por ejemplo, defiendan los recursos naturales y que respalden “acríticamente” al proceso que cambia Bolivia.
Aquéllos medios, se añade además, son los principales opositores al gobierno. Esta al menos es unan imprecisión. Los medios tienen una vida autónoma limitadísimo. Su principal línea de acción busca servir mejor los intereses mezquinos de sus dueños.
En la transición boliviana, que vivimos y/o que protagonizamos, lo mejor que debemos hacer los que nos ocupamos de los medios de difusión y los que nos interesamos de este asunto, es participar del debate y de la elaboración de un proyecto de ley de medios de difusión, el que en nuestra opinión, debe ratificar que la liberad de expresión y de prensa tienen como límite la responsabilidad.