Gobierno español se suma al Convenio Europeo Contra la Trata de Personas

Los datos oficiales dicen que en España hay 18.000 personas víctimas de explotación sexual. El Gobierno se ha adherido al convenio europeo y elaborará un plan especial de lucha contra esta problemática. Para las ONG ya no hay excusas

Canal Solidario

Antes de que acabe el año, el Gobierno español se ha comprometido a aprobar el Plan Nacional de Derechos Humanos, que contendrá un Plan Especial de Lucha contra la Trata de Seres Humanos tanto con fines laborales como con fines de explotación sexual. Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado estos días la adhesión de España al Convenio Europeo de Lucha contra la Trata de Personas, firmado ya por 38 de los 47 países del Consejo de Europa. Esta última iniciativa entró en vigor a nivel europeo el pasado 1 de febrero.

Como explican desde el Ministerio de la Presidencia, el Gobierno "ultima" la elaboración de este Plan nacional y la incorporación de España al convenio europeo, cumpliendo así con lo anunciado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su reciente viaje a Níger.

Este plan, que está siendo ultimado por cinco departamentos ministeriales, pondrá en marcha medidas de mayor control e inspección, de prevención de prácticas de trata, ayudas y apoyo a las víctimas y concienciación social, entre otras.

Asimismo, el acuerdo supone conceder a las víctimas un permiso de residencia por motivos de derechos humanos y garantizar medidas específicas para proteger a los niños y niñas víctimas de explotación sexual.

18.000 víctimas de explotación sexual en España

En este contexto se han pronunciado diversas organizaciones sociales y de derechos humanos. Desde Médicos del Mundo, la directora del área de Movilización, Susana Fernández, asegura que "ya no hay excusas" para que España no responda a este fenómeno, que "es la esclavitud del siglo XXI", y que, según los últimos datos de la Guardia Civil, afecta a 18.000 personas.

Organizaciones como la Red Española contra la Trata de Personas, formada por una veintena de entidades, recuerdan que, según este convenio, los Estados tienen la obligación de asegurar la identificación de las víctimas, ofrecerles asistencia para su recuperación física, psicológica y su integración social; garantizar la protección de su vida privada y su seguridad; o reconocerles un periodo de reflexión de 30 días que les permita decidir con calma si cooperan las autoridades.

En la actualidad, y según las ONG, España es uno de los principales países de destino y tránsito para víctimas de trata esclavizadas en prostitución, agricultura, servicio doméstico, construcción o hostelería, entre otros sectores.