Bolivia, haciendo cuentas

Antonio Peredo Leigue,La Paz, diciembre 16, 2007

Tribuna Boliviana

Bolivia es un avispero. Las noticias que circulan por el mundo
hablan de una separación irreversible entre una región que
llaman "media luna" y el resto del país. Aparecieron mapas que
borran tres departamentos, aparecen dos como posibles y cuatro
decididos. El 15 de diciembre se proclamaron estatutos que ostentan
tal imposición. Los autonomistas pusieron al desnudo sus intenciones.En avisos a toda página publicados en diarios de circulación
nacional publicaron, ayer 15 y hoy 16, sus exigencias. Sostienen
que, con su propuesta, siguen existiendo nueve departamentos, que
las provincias, municipios y territorios indígenas, están dentro de
cada departamento y que las regiones indígenas serán autónomas.

Luego arremeten con las facultades de dictar sus propias leyes,
tener sus propios recursos y asumir competencia (¿plena?) en salud y
educación. El meollo de la autonomía ideada por los comiteístas es
asumir competencia sobre los recursos naturales, el medio ambiente,
la flora y la fauna. Hablan después de su competencia sobre el
transporte y terminan añadiendo que pueden existir las cooperativas
de servicios públicos "que son de los vecinos". Este aviso lleva la
firma de la Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz.
Otro de sus esclarecedores despliegues publicitarios desgrana los
conceptos en que basan su autonomía: democracia para elegir
autoridades "sin subordinaciones partidistas ni gubernistas",
libertad de decisión evitando el centralismo, ciudadanía social (?),
control social pues el gobierno el gobierno estará más cerca, unidad
expresada en seguir siendo 9 departamentos, solidaridad (los que
tienen más ayudarán a los otros), progreso por el manejo propio de
los recursos, cambio porque dejaremos de ser pobres y respeto a la
identidad garantizando el derecho de las personas. El Consejo
Nacional Democrático publicó esta solicitada.

Lo que se dice abiertamente

Uno y otro de estos textos tratan de contrastar sus intenciones
contra el texto de la nueva Constitución Política del Estado que,
entre amenazas, revueltas y violencia, aprobó la Asamblea
Constituyente en días pasados. Sin entrar en comparaciones, veamos
qué dicen ambas cartillas autonomistas.
La insistencia en que, la división administrativa de Bolivia, se
mantenga en 9 departamentos, se explica por las reclamaciones de
varias provincias que acusan a las prefecturas departamentales, por
el olvido a las que las someten. Tal desatención estalla, más de una
vez, en proclamas que reivindican ser reconocidas como departamento
separado. La región del Chaco, que incluye provincias de Santa Cruz,
Chuquisaca y Tarija y tiene la mayor reserva petrolera en
explotación, reclama constituirse en décimo departamento.
Por supuesto, si no contaran con esa riqueza, los prefectos Costas
(Santa Cruz) y Cossío (Tarija), no tendrían tanta soberbia. Hay que
aclarar que, tras ellos, dirigiendo sus acciones, están los comités
cívicos. Sus seguidores, que son mayoría, están cautivados con el
sueño de participar en un rápido crecimiento que les traerá bonanza
de la noche a la mañana.

La facultad de decidir sobre todos los recursos, determinar
impuestos y manejarse sin estar sometidos a control nacional, es una
atribución seductora para prefectos y comités. Al menos, una de
estas autoridades ya dijo que nadie puede pedirle cuentas, sino el
pueblo que lo eligió; es decir, sólo la gente que controla él. Aún
sin tan explícita declaración, tal intención se evidencia en el
texto de ambas publicaciones.

Quien no conoce la realidad, pasará por alto y hasta destacaría la
ventaja social que tiene este concepto: "pueden existir las
cooperativas de servicios públicos, que son de los vecinos". En
Santa Cruz, precisamente, se halla la cooperativa de energía
eléctrica más grande del país; se trata de una sociedad anónima que
manejan unos cuantos empresarios, quienes reparten unas pocas
acciones entre los consumidores y se acogen a las ventajas que la
ley otorga a las cooperativas. Similar cosa ocurre con la
cooperativa de teléfonos, aunque debe reconocerse que ocurre lo
mismo en todo el país; es decir, son grandes empresas manejadas por
logias que se turnan en su beneficio, unas veces por acuerdo y otras
en lucha abierta.

Leyendo estatutos

Hay un tema que no aparece o que puede estar englobado en el
término "recursos naturales": la tierra. El estatuto autonómico
propuesto por el Comité Cívico pro Santa Cruz, impone el manejo de
la tierra. Agrega el control de la migración interna. Por tanto, de
lo que se trata es: Nosotros (Comité y prefecto subordinado)
disponemos cuánta tierra damos a quién.
Teniendo en cuenta que, los recursos de Beni y Pando (otros dos
departamentos que se declararon autónomos) no son petróleo ni gas,
para sus grupos dominantes, éste es el quid de la cuestión. Quieren
tener 300 mil hectáreas como Branco Marinkovic y hasta un millón,
como quiso Hedim Céspedes. A ellos no les importa que haya
campesinos sin tierra; postulan que "esa gente" vaya a cultivar en
lugares alejados donde hay mucha tierra y ningún camino.
Más allá estiman que se les hace necesario crear su propia fuerza
policial; algo así como decir: la represión corre por cuenta
nuestra. ¡Qué bien!, pues serán muchos los problemas que deberán
enfrentar.

Pero se resguardan de principio. Deciden sobre políticas de
educación, de salud, de defensa e incluso de comercio y crédito
internacionales. Sin embargo, asignan al Estado central, la
obligación de correr con los gastos y las responsabilidades de tales
políticas. Es el estilo prebendal a que se acostumbraron los
empresarios de la caña, el algodón, la soya y el macororó.

De cómo se desmienten

Tener autonomía dentro de conceptos de democracia, legalidad y
unidad nacional, es lo que han sostenido en jornadas de violencia,
racismo y prepotencia. Todo el tiempo amenazaron con declarar
autonomías de facto, si la Asamblea Constituyente no aprobaba los
estatutos que ellos pergeñaron; luego se dieron cuenta de su grave
falta y hablaron de "autonomía de derecho" aunque siguieron haciendo
lo mismo. El racismo y la prepotencia se expresan todos los días,
pero es suficiente mencionar el caso del modesto trabajador que, con
la tez morena, se atrevió a cruzar la plaza 24 de septiembre a
mediodía; un camarógrafo sin ética filmó la brutal golpiza que le
propinaron los matones de la Unión Juvenil Cruceñista.

La demanda del Comité pro Santa Cruz se sustenta en el argumento de
que, ese departamento es el más productivo de Bolivia y el que más
contribuye al erario nacional. Su principal actividad es,
actualmente, el cultivo y exportación de soya y sus derivados. Esta
producción es ampliamente subvencionada por el Estado central: la
maquinaria trabaja a diésel, que se importa a precios
internacionales y se les vende a precio fijo muy por debajo del
costo; los exportadores se benefician con la devolución de los
impuestos que pagan en el país; por si fuera poco, demandan que el
gobierno central les garantice los mercados internacionales.

Los ganaderos lograron, hace mucho tiempo, que se les reconozca una
proporción de cinco hectáreas de pastoreo por cada cabeza de ganado
que crían. El propósito era lograr que, con tal abundancia, creciera
el hato vacuno del país. Sin embargo, hace más de 50 años, un censo
agropecuario determinó que, en el Beni, había 3 millones de cabezas
y otro realizado hace 6 años, confirmó la misma cifra. La excusa
permanente es la inundación anual que anega las praderas de ese
departamento. Excusa, porque los ganaderos se enriquecen, pero no
hay mejoras en la atención de sus hatos. Hasta podría pensarse que
esperan las inundaciones para reclamar indemnización al gobierno
central.

En esas condiciones vale la pena preguntarse cuánto de verdad hay en
esa prepotencia autonomista que provoca tanta violencia en el país.